Jeremy Jaynes fue uno de los primeros sujetos en ser detenidos y procesados en Estados Unidos por la distribución de spam a gran escala. El proceso, iniciado en 2003 concluye ahora con el fallo de tribunal de casación que confirma la sentencia a 9 años de cárcel para el distribuidor de spam.
En lo que constituyó un último intento desesperado por evitar la cárcel, Jaynes argumentó que el dictamen vulneraba el derecho constitucional a la libre expresión, que garantiza a cada ciudadano en derecho a expresarse anónimamente. El tribunal de casación concluyó que la argumentación de Jaynes era artificial.
En la ley estadounidense anti spam, denominada CAN-SPAM, se indica que los destinatarios de correo electrónico deben tener la posibilidad de contactar directamente al remitente. El tribunal concluyó con 4 votos a favor y tres en contra, que Jaynes “no tenía derecho a engañar a la gente invocando la libertad de expresión al probarse la ilegalidad de su actividad".
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